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| José Manuel Castellano Gil |
Desde las distintas instancias del poder público se
intentaba ofrecer respuestas a los numerosos contingentes orenses que llegaban
diariamente a Guayaquil a través de una dotación de 100.000 sucres, junto a la
activación de otras medidas.
Una muestra solidaria fue la decisión de los
legisladores de donar 12.000 sucre, correspondientes a la percepción de sus
dietas, al Comité Orense. Asimismo muchos municipios, desde distintos rincones
de Ecuador, consignaron apreciables aportaciones económicas dirigidas a atender
a los refugiados que se establecieran en sus localidades. Asimismo otras
instituciones, organismos, colectivos y personas a título individual contribuyeron
con sus aportaciones, como la Gran Logia del Ecuador, el Banco de Descuento, la
Dirección de Estudios de Los Ríos, el Comité Auxiliar del Cuerpo de Bomberos de
Samborondón, el Banco Hipotecario, la sucursal de la Caja de Pensiones de
Guayaquil, la comisión del Comité de Defensa Nacional de Riobamba entre otras
muchas.
La movilización solidaria y humanitaria de
instituciones y ciudadanía de todo el país desplegaron innumerables acciones
dirigidas a acoger, auxiliar y atender a los compatriotas que huían de la
guerra. Varias fueron las entidades y organismos que en Guayaquil se ocuparon
de proporcionar una ayuda asistencial a los refugiados orenses, como la Cruz
Roja y su Comité de Damas; los recién creados, como el Comité Orense y la
Dirección General de Auxilios; la Legión Femenina; y algunas otras iniciativas
públicas y particulares que de un forma individual o colectiva coadyuvaron y
mostraron, a través de sus dignos valores humanos y patrióticos, su apoyo y
ayuda a ese contingente que llegaba a Guayaquil en unas pésimas condiciones de
precariedad absoluta. Sin embargo, al poco tiempo esa predisposición inicial
asumida por la población civil, se tornaba, como consecuencia de la masiva
presencia de orenses, en un problema social.
Los
exiliados orenses: un problema social en Guayaquil
Ante esa avalancha de orenses determinados sectores de
la sociedad guayaquileña comenzaban a plantear el impacto negativo originado
por las sucesivas oleadas de exiliados orenses, ante la imposibilidad de que la
ciudad pudiera absorber un volumen poblacional tan numeroso, que estaba
ocasionando un verdadero problema social. Al tiempo se cuestionaba la política
de gasto público destinada a sufragar los subsidios de los refugiados, que no
disponían de trabajo ni de medios de subsistencia, a los que señalaban como
responsable de la situación anómala creada en todos los órdenes.
Esas mismas voces reclamaban del Gobierno la adopción
de medidas, ya que a su entender la filantropía guayaquileña había dado muestra
más que suficiente en paliar las necesidades de sus compatriotas. Asimismo
advertían que ese esfuerzo no podía mantenerse indefinidamente, especialmente
porque el número de refugiados aumentaba cada día sin cesar.
Estas ideas fueron calando hondo y llevaron a
solicitar la valoración de nuevas opciones que intentaran resolver de un modo
integral el problema del éxodo orense en Guayaquil. Una de ellas fue la de
establecer una política de reinserción laboral de los migrantes orenses. Y,
otra, estimular el retorno de esos contingentes a su provincia de origen. De
ese modo se instaba al Gobierno a diseñar un plan de construcción de caminos que
conectara las provincias de El Oro y Guayas. Y para su ejecución se proponía
que se empleara a gran parte de los “campesinos que han emigrado”, con ello
—señalaban—, no sólo se les proporcionaría los medios de subsistencia
necesarios sino que, al mismo tiempo, se los “acercaría sus abandonadas
localidades”. En definitiva, estaban convencidos que con la aplicación de estas
medidas se contrarrestaría la crisis social y económica guayaquileña causada
por el gran volumen de refugiados asentados en la ciudad.
De modo que el problema de los refugiados se comenzaba
a concebir desde otra visión y perspectiva: un problema de orden social y
económico que reclamaba una resolución meditada y definitiva. Así a mediados de
agosto de 1941 la delegación del Gobierno anunciaba el inicio de actuaciones
sobre el asunto de los refugiados. Los primeros pasos adoptados fue el envío de
niños orenses a distintas colonias en la Sierra, en lugar de los centros
educativos en Guayaquil, y el
establecimiento de una política de distribución de refugiados entre las
diversas provincias de la República. Una medida que fue vista como muy acertada
pero con la necesidad de articular una distribución en relación a una
estructura organizativa económica, para evitar las posibles perturbaciones que
ese contingente poblacional pudiera ejercer sobre las economías de los
territorios de acogida.
En ese sentido se planteaba que el Gobierno se
encargara de organizar colonias agrícolas e industriales que ofreciera una
ocupación a los refugiados, además, de favorecer a través de una política de
concesión de “crédito especial”, que empleada en forma retributiva no implicara
un gravamen para el Estado sino que, al contrario, fomentaría nuevas fuentes de
producción, con la proyección posterior que una vez recuperado el espacio, el
territorio en ese momento ocupado, pudiera contribuir a su reconstrucción.
La ingente avalancha de orenses a Guayaquil llevó,
pues, a activar una medida de distribución entre las distintas zonas del
territorio nacional. Esa política de reparto contó con la participación de
diversos municipios que ofrecían tierras a los orenses para radicarse en su
término municipal y facilitaba, además, los medios de transporte de las
personas que decidieran trasladarse. Además de las diversas iniciativas
privadas de hacendados, que seleccionaban entre los refugiados mano de obra
para el desempeño de labores agrarias.
Sin embargo todas estas propuestas contaron con el
rechazo de los orenses, ya que simplemente esperaban regresar nuevamente a su
Provincia.
La
reintegración de El Oro en la soberanía ecuatoriana
Si duras fueron las condiciones sufridas por los
orenses en su amarga travesía al exilio originada por la invasión peruana, no
menos favorables fueron el abnegado retorno y el proceso de reconstrucción de
la Provincia, tras su reintegración a la soberanía ecuatoriana a partir del
Acuerdo de Río de Janeiro a principios de 1942.
En definitiva, este episodio bélico ha sido un
elemento clave y estructural en la provincia de El Oro, que desde luego tiene
unas hondas raíces en el tiempo y también unas amplias consecuencias
posteriores, que ha vertebrado, en cierta manera, un carácter de “orensidad”
latente y una identidad fronteriza inestable hasta finales del siglo XX que
debe ser objeto de atención en futuros estudios desde diversos ángulos.
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